Crisis es la palabra que está marcando el final de la década pasada y lo que llevamos de esta. Y aún no sabemos cuánto va a durar esta vez en nuestras vidas, y digo esta vez porque tengo tan claro que saldremos de ésta como que volveremos a vivir otras. Junto a la crisis económica estamos viviendo una serie de cambios en nuestra sociedad y en nuestro Estado Social y de Derecho que son de debate cotidiano, uno de ellos la crisis política y de democracia. No hablo de la corrupción, que eso no es una crisis sino un delito, y además en España viene de largo, sino del deterioro de los órganos de democracia y de ésta en sí mismo.

Por un lado tenemos la persecución del gobierno y el rechazo al movimiento ciudadano, ya sea de sindicatos, asociaciones de vecinos, mareas o lo que sea, todo aquello que sea reivindicativo va contra la #marcaEspaña. Ejemplo de ello es el interés en cerrar un órgano como el Consejo de Juventud de España, como hablamos en un artículo anterior. Pero en esta ocasión no me quiero remitir a las consecuencias que tienen los recortes en nuestra sociedad y de cómo estas decisiones políticas nos afectan como miembros de ella, ya sea en la lentitud de la justicia o en que un tren no tenga los mejores sistemas de seguridad a su disposición. No. Esta vez me gustaría remitirme no a las consecuencias sino a las formas en las que se está legislando en este país y el deterioro del sistema parlamentario, abandonado a cambio, adelanto será mi conclusión final, de un gobierno dictatorial del poder ejecutivo.

El Poder Legislativo lleva a cabo dos tareas: producción legislativa y control de los otros poderes. Pues bien es claro que la labor de control conlleva una sensación de reír por no llorar. Un presidente del Constitucional que deja mucho que desear, un presidente del ejecutivo que no compadece más que cuando no le queda ya más remedio, un lugar donde la mayoría absoluta no deja pie a ninguna sorpresa en un deber que en lugar de control parece de teatro, el teatro del rodillo. ¿Y qué sucede con la creación legislativa?

Las leyes, bien de forma ordinaria o de forma de urgencia, se desarrollan y aprueban en el parlamento a consecuencia de diferentes iniciativas o propuestas. No tengo la intención de hacer un texto científico para explicar paso a paso cómo se hace una ley, aquellos que tengan interés pueden remitirse a «El sistema de fuentes del ordenamiento español» en el que los profesores Santiago Sánchez González y Pilar Mellado Prado explican en apenas cinco carillas (pags. 163 y ss.) el procedimiento legislativo de una forma clara y abreviada. Lo que ha de quedar claro es que el poder legislativo recae en las Cortes y es donde se hacen las leyes.

Pues bien, nuestro constitucionalismo dejó abierta una puerta, con toda buena voluntad, pero que ha conllevado un duro golpe a nuestro sistema democrático: el Real Decreto-Ley (RDL). Este formato permite al Poder Ejecutivo dictar una disposición con rango de Ley la cuál simplemente ha de pasar por un procedimiento especial y sumario por el Parlamento en un plazo de 30 días. ¿En cualquier caso? Por fortuna, no. Quedan vedadas algunas materias, ya que los RDL no pueden afectar «al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general» y el Real Decreto-Ley debe ceñirse a materias que deban ser reguladas «en caso de extraordinaria y urgente necesidad» (art. 86 CE); pero mientras que la primera limitación suele respetarse – con alguna excepción que ha conllevado la reprimenda del TC – la segunda se ha ido abriendo con la aprobación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta el punto de convertirse en la vía, tal como dice el habla popular, de aprobar todo «por decreto».

Pongamos las cifras sobre la mesa. En el gobierno de Felipe Gónzalez se dictaron 129 RDL (menos de 10 por año); el gobierno encabezado por JM Aznar 127 (un total de casi 16 por año); el gobierno de Zapatero ya marcó tendencia respecto al anterior socialista con 108 (14,5 al año) para que Rajoy hiciera lo mismo respecto al del anterior gobierno de derechas y llevara al BOE un total de 42 RDL en menos de dos años, lo que hace una media de 28 RDL por año, más del doble que la media de todo el periodo constitucional hasta su llegada.(1) El sistema de creación legislativa menos democrático dobla su uso poniendo patente la crisis democrática de nuestro país en el peor de los momentos de nuestro actual periodo constitucional.

No recuerdo si fue en el colegio o en el instituto donde ya me enseñaban de la importancia de la separación de poderes. Montesquieu, al que citaba al principio de esta publicación, señalaba que era la única forma de evitar la tiranía. Acertaba. Votamos un legislativo que elige a un ejecutivo que maneja el poder judicial, pero lo peor es que ni el ejecutivo resultante ni el legislativo cumplen con sus funciones, deberes ni con sus promesas, con lo que el poder del voto se desvirtúa; se crea la duda de si hace falta un cambio de gobierno o un cambio o modificación del sistema. Un cambio de la democracia de partidos, de nuestro democracia representativa, hacia formas de democracia más directas. La soberanía, que reside en el pueblo, emana hoy hacia un único poder que actúa impune ya que el control del parlamentarismo está en sus propias manos, como el judicial: la tiranía de la dictadura del poder ejecutivo.

(1) Datos obtenidos con el buscador de legislación de boe.es: http://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php